PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
13 de abril de 2009
Contactos:
Marcy Westerling, directora, Proyecto de organización rural, (503) 369-3565
David Fidanque, director ejecutivo, ACLU de Oregon, (541) 954-7731
D. Michael Dale, Director Ejecutivo, Proyecto de Justicia para Trabajadores del Noroeste, (503) 357-8290
Juez anula medida antiinmigrante
La Medida 5-190 excedió la jurisdicción del condado de Columbia y viola la ley federal
S T. HELENS, Ore. - Un juez del condado de Columbia anuló hoy una medida en la boleta electoral antiinmigrante aprobada el otoño pasado porque entra en conflicto con la ley federal de inmigración y habría requerido que el condado tomara medidas de cumplimiento más allá de su autoridad.
El fallo sobre la medida electoral 5-190 se produjo en dos casos que se presentaron en el tribunal de circuito del condado de Columbia el otoño pasado. Los comisionados del condado habían solicitado un fallo sobre la validez de la medida y una coalición de propietarios de negocios y votantes del condado de Columbia presentó una impugnación por separado, quienes han estado representados por abogados de la ACLU de Oregón y el Proyecto de Justicia para Trabajadores del Noroeste.
Los comisionados del condado de Columbia aprobaron enmiendas a la iniciativa en diciembre que también estaban en cuestión en la impugnación judicial. El juez Ted Grove había escuchado argumentos orales en los casos consolidados en enero y había aprobado una orden judicial preliminar en ese momento para evitar que la medida entre en vigencia.
La coalición que desafía la medida incluye al Proyecto de Organización Rural, Ciudadanos del Condado de Columbia por la Dignidad Humana, 28 residentes individuales del Condado de Columbia, la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de CAUSA y otros.
“El condado de Columbia tiene muchos desafíos por delante y la Medida 5-190 no iba a ayudar”, dijo el propietario de la empresa del condado de Columbia, Gary Liao, uno de los demandantes en el desafío. “La medida y la ordenanza eran profundamente erróneas y confusas. En un momento en que nuestra economía se tambalea, habría impuesto cargas adicionales tanto al condado como a los empleadores que han estado siguiendo la ley ”.
Otros miembros de la coalición dijeron que esperan que la decisión de la corte permita a las comunidades que han estado profundamente divididas sobre el tema de la inmigración encontrar un terreno común y trabajar juntas.
“Es hora de dirigir nuestras frustraciones sobre el tema de la inmigración a donde pertenece: sobre la responsabilidad del gobierno federal de llevar a cabo una reforma migratoria significativa”, dijo Marcy Westerling, directora del Proyecto de Organización Rural en Scappoose. "Tener un mosaico de leyes locales que buscan usurpar la autoridad federal en este tema solo crearía más frustración con la política federal".
En su opinión, el juez Grove abordó muchas partes de la Medida 5-190 y sostuvo que todas ellas fueron reemplazadas por la ley federal o fueron más allá de la autoridad del condado de Columbia bajo las leyes estatales. Entre sus hallazgos se encuentran:
- La multa obligatoria $10,000 de la medida “claramente viola” la preferencia de la ley federal sobre la aplicación de la ley de inmigración;
- La disposición de la medida de que las violaciones se revisarían de acuerdo con la ley estatal pero se apelarían ante el Tribunal de Justicia, violó la ley estatal que requiere que dichas apelaciones sean escuchadas por el Tribunal de Apelaciones de Oregon;
- El requisito de la medida de que las violaciones resultan en la suspensión de todas las licencias y permisos estaba más allá de la autoridad tanto del Tribunal de Justicia como de los Comisionados del Condado porque muchas de las licencias y permisos relevantes no son emitidos por el condado; y
- Las numerosas disposiciones de aplicación de la medida se elevaron al nivel de sanciones penales o civiles que también están anuladas por la ley federal.
Por último, el juez Grove escribió que, si bien "reconoce el grave problema que la iniciativa buscaba abordar, no se pueden ignorar las disposiciones legales y de preferencia federal existentes".
Medidas similares en Hazelton, Pa .; Farmers Branch, Texas; Escondido, California; y otras jurisdicciones habían sido anuladas anteriormente.
Los abogados que han estado a cargo del caso de la coalición han sido: D. Michael Dale, Steven Goldberg y Meg Heaton del Proyecto de Justicia para Trabajadores del Noroeste; Los abogados cooperantes de la ACLU Bruce L. Campbell y Elisa J. Dozono, ambos de Miller Nash LLP; Stephen W. Manning del Immigrant Law Group y Chin See Ming, Director Legal de la ACLU de Oregon.